La práctica del gobierno mexicano de esterilizar a los indígenas contra su voluntad

La esterilización forzada es una constante en América Latina. México no es la excepción: desde 2001 hasta el presente, la CNDH ha documentado distintos casos de este abuso bajo distintas modalidades.

En las comunidades rurales de México, la esterilización forzada es un secreto a voces. Esta práctica ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil durante décadas, con especial énfasis durante el sexenio de Ernesto Zedillo; no obstante, no fue hasta finales de 2001 cuando el asunto escaló en la opinión pública captó la atención nacional e internacional.

En los últimos días de diciembre del mismo año, el otrora ombudsman José Luis Soberanes Fernández acusó al gobierno mexicano de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos con el fin de esterilizar a indígenas contra su voluntad.

El modus operandi de las brigadas, integradas por personal de la Secretaría de Salud es conocido y varía según el caso, teniendo como común denominador las amenazas y chantajes relacionados con la aplicación o suspensión de programas sociales, soporte material de subsistencia de millones de indígenas:

«En las regiones indígenas los programas de ayuda llamados Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y Programa de Capitalización del Campo (Procampo), están condicionados la esterilización o ingestión de falsas vitaminas que las mujeres deberían tomar delante de las personas encargadas de distribuir la ayuda».

Uno de los casos mejor documentados sucedió en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero el 16 y 17 de abril de 1998. En sólo dos días, 14 hombres indígenas fueron sometidos a una esterilización forzada contra su voluntad. Según la investigación de la CNDH al respecto, cuatro brigadas de la Secretaría de Salud de Guerrero charlaron brevemente con los indígenas, intentando convencerlos de someterse a una vasectomía.

«Impulsados por la necesidad, aceptaron que se les practicara la vasectomía, con la promesa de que se construiría una clínica en la comunidad la cual tendría un médico de planta y medicamentos, además de que se les darían despensas, ropa, cobijas y vivienda, y cada año se les otorgarían becas para sus hijos».

Aprovechando la precariedad de la vida de los indígenas y el sinfín de necesidades no cubiertas por la mayoría de estos grupos en zonas rurales, los médicos, enfermeros y promotores hicieron una oferta difícilmente declinable para un esposo y padre de familia que enfrenta la pobreza extrema día a día:

«Prometieron que si nos dejábamos esterilizar nos harían una clínica con médicos y medicinas, y que nos darían comida, ropa, mantas, vivienda y becas, pero no cumplieron».

Otra vía de la esterilización forzada ocurre en la atención al embarazo y parto. Después de dar a luz, algunas mujeres son sometidas a la ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico irreversible. Un caso más es recogido en la investigación de Gabriela Barroso Calderón con las mujeres amuzgas de Guerrero:

«Cada sábado en la mañana, 20 mujeres eran conducidas en un autobús oficial del Seguro Social a una clínica en Acapulco. En la tarde retornaban a sus comunidades, esterilizadas».

Sin embargo, la práctica de esterilización forzada en México aún está lejos de ser un asunto del pasado y sus alcances no se limitan a las clínicas rurales. A 14 años de distancia de la investigación primigenia de la CNDH, el organismo emitió tres recomendaciones en menos de dos meses entre diciembre de 2016 y febrero de 2017.

Un caso en especial llamó la atención de la comisión: pleno trabajo de parto, una joven fue obligada a aceptar y firmar de consentimiento la colocación de un dispositivo intrauterino (DIU) antes de salir del hospital. Luego de que la paciente declinara la oferta sin firmar ningún documento y momentos antes de recibir el alta médica, le informaron que se le había colocado un DIU. Un caso similar se replicó en Oaxaca, donde el procedimiento utilizado fue aún peor, pues a una mujer indígena le fue practicada una ligadura de trompas sin su consentimiento.

Ante tales hechos, la respuesta gubernamental ha sido siempre la misma: aceptar las recomendaciones de la CNDH y negar los testimonios, argumentando que en ningún momento se ha tratado de una práctica generalizada o bien, asegurando que se tomarán cartas en el asunto contra quien resulte responsable sin ningún resultado. La esterilización forzada es considerada un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en palabras de José Francisco Cali (miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial) esta práctica puede estar asociada al genocidio.